El sistema de coparticipación federal de impuestos en Argentina acumula décadas de asimetrías e inconsistencias. Desafía mandatos constitucionales y representa una problemática estructural que perpetúa inequidades que ningún gobierno quiso o supo corregir.

La obsoleta ley de coparticipación 22.548, sancionada en 1988 e ideada como transitoria por dos años, continua vigente tras casi cuatro décadas. La reforma constitucional de 1994 que obligaba la sanción de una nueva normativa fue incumplida por ocho gobiernos que ignoraron aquel mandato de establecer “… un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

La exigencia constitucional de que una nueva ley sea sancionada, con mayoría absoluta de los miembros de cada cámara de todas las jurisdicciones, constituye un sistema de veto multipolar infranqueable que bloquea cualquier reforma. Una deuda histórica agravada por la evidencia empírica de que ninguna provincia mejoró sus indicadores sociales en cuarenta años, independientemente del volumen de fondos percibidos.

La coparticipación, extraordinariamente estable en su inestabilidad, se caracteriza por la rigidez, la centralización y una debilidad institucional que garantiza su ineficacia. Los discrecionales Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se enquistaron como herramientas de disciplinamiento a disposición del ejecutivo y condicionan a las provincias, rehenes del gobierno central. Un federalismo simbólico bajo una subyacente lógica unitaria.

La mayoría de los gobernadores recibe proporcionalmente recursos superiores a lo que contribuyen sus distritos y cualquier reforma basada en criterios automáticos y objetivos perjudicaría sus estructuras financieras. Por inequitativo que resulte, el statu quo tiene sus beneficiarios. El intrincado laberinto, en el que el sistema ha quedado atascado, acumula demandas activas de dieciséis provincias ante la Corte Suprema de Justicia, aun sin perspectivas de resolución.

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, junto a CABA, aportan un 70% del PBI y concentran más del 60% de la población, pero reciben una proporción históricamente inferior a su peso demográfico y económico, apenas por encima del 40% de los aportes totales del sistema. En el extremo opuesto, Formosa, Santiago del Estero y La Rioja embolsan fondos equivalentes al 90% de sus ingresos corrientes. Se subsidia la dependencia en lugar de promover el desarrollo. Evidencia la patológica inexistencia de consensos básicos, que impiden alcanzar acuerdos capaces de traducirse en políticas de estado.

El defectuoso sistema, diseñado para una economía basada en impuestos al consumo y a la renta (IVA y Ganancias), perdura mientras el modelo productivo se orienta a la explotación de Vaca Muerta (petróleo y gas), el litio y la minería, recursos naturales provinciales cuyas regalías no son coparticipables. Esta estrategia de largo plazo podría ampliar la brecha existente entre provincias y regiones, agravando desequilibrios que el sistema no es capaz de corregir.

Aunque no existe una fórmula perfecta ni una solución única, muchos países federalmente organizados consiguieron superar las naturales tensiones inherentes a los mecanismos de reparto. Los esquemas más exitosos se caracterizan por la transparencia en los criterios de distribución, la revisión periódica por organismos independientes y la correspondencia entre recaudación y gasto, que genera incentivos al esfuerzo fiscal. Países distantes y disimiles implementaron reformas que quitan discrecionalidad y consideran datos objetivos como densidad poblacional, índices de pobreza regionales y potencialidad productiva de provincias o estados.

En Brasil fue implementada una ambiciosa reforma, puesta en marcha este año, que instauró un fondo de compensación de beneficios fiscales para asegurar ingresos a los estados y municipios con mayor caída relativa de recursos, siempre que los ingresos por habitante no excedan el triple del promedio nacional. Además, fue creado un fondo de desarrollo regional que financiará proyectos en los estados más necesitados que busca poner fin a la guerra fiscal entre jurisdicciones, uno de los rasgos históricos más distorsivos del federalismo brasileño.

Alemania, que posee uno de los modelos de federalismo fiscal más avanzados de la Unión Europea, se destaca por un elevado nivel de descentralización y mayor autonomía de sus länder (provincias), con altos niveles de coordinación y estrictos mecanismos legales para evitar la “irresponsabilidad fiscal”. Con mayor grado y niveles de centralización o descentralización en naciones como Australia o Suiza, la evidencia indica que las reformas son absolutamente posibles cuando existe voluntad política.

Sin una propuesta estructural que abandone perniciosas estrategias cortoplacistas, solo se consolida un estado de postergación permanente, desequilibrios y crisis recurrentes, insuficiente para ofrecer beneficios individuales mientras garantiza un perjuicio sostenido para el conjunto. Como suele expresar el presidente Milei en una suerte de “mantra”, no se pueden conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo.