El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso del proyecto de reforma electoral. A través de un posteo en X, el jefe de Estado anticipó que la iniciativa incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y la implementación de ficha limpia.

“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, escribió el mandatario en la plataforma.

Respecto de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, varios políticos se resisten a avalarla porque, en medio del desorden partidario que transitan, reconocen que necesitan de esta instancia para definir las candidaturas que eventualmente compitan con el oficialismo en las elecciones del año próximo.

Sin embargo, el Gobierno aspira eliminar esta instancia en pos de ahorrar recursos.

El Ejecutivo asume que le será difícil reunir la mayoría de los votos (129 en Diputados y 37 en el Senado) para eliminar las primarias, ya que ni siquiera sus aliados –Pro y la UCR- estarían dispuestos a acceder.

El proyecto oficialista propone una modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos (N°23298) que, en su artículo 33, enumera una serie de restricciones para quienes deseen integrar listas partidarias.

Según estipula la normativa, no pueden ser candidatos quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes” y las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, entre otros actos.

Tampoco pueden competir en elecciones el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; magistrados, funcionarios o miembros del Poder Judicial; y los directores o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o autoridades de entidades que “exploten juegos de azar”.

Quienes estén alcanzados por estas restricciones para postularse a cargos estarán impedidos de ser designados como funcionarios públicos: no podrán ejercer el rol de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados o de la Seguridad Social. Tampoco se les permitirá tener cargo de diplomático o ser directores de empresas con participación estatal.

Además de la eliminación de las PASO y la incorporación de la ficha limpia, la iniciativa también incluiría requisitos más exigentes para que los partidos políticos obtengan personería jurídica. En este sentido, trascendió que se propondría incrementar el número mínimo de afiliados necesarios para constituir una fuerza política, que hoy tiene un techo de 4000 afiliados.

También se plantea endurecer las condiciones para obtener la personería jurídica nacional. Actualmente, un partido que logra reconocimiento en cinco distritos puede obtener esa categoría. La propuesta oficial apuntaría a llevar a 10 ese requisito.

El Gobierno también modificaría las causales de caducidad de los partidos con bajo nivel de representación. Hoy una fuerza pierde su personería si no alcanza el 2% del padrón electoral en dos elecciones consecutivas. En el oficialismo consideran elevar ese umbral y evitar maniobras que permiten a partidos pequeños sostener su vigencia a través de alianzas electorales.

El paquete electoral incluye además cambios en el financiamiento político. El Gobierno busca eliminar los aportes públicos extraordinarios para campañas electorales. Con la implementación de la boleta única de papel, dejaría de financiarse la impresión de boletas partidarias y los espacios publicitarios. En cambio, se mantendría un único aporte anual al Fondo Partidario Permanente destinado al funcionamiento general de los partidos.