El juez federal Ernesto Kreplak ordenó hoy el secuestro del teléfono celular de la titular de la Anmat, Nélida Agustina Bisio, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que provocó más de cien muertes.

Esta medida fue parte de una serie de operativos que incluyeron, además del registro de domicilio de Bisio, el de Gabriela Mantecón Fumadó, que era la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y fue desplazada por el Gobierno el mes pasado.

Se dispusieron también órdenes de presentación con allanamientos en subsidio en la Anmat y en Iname. El objetivo es hacerse de documentos y elementos de prueba que puedan ser útiles en la parte de la causa por el rol de los órganos de control en la producción y reparto del fentanilo contaminado.

El 20 de agosto, la fiscal federal Laura Roteta impulsó la investigación para determinar la responsabilidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el caso.

La fiscalía busca dilucidar si la “ineficiencia recurrente” que registró la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría constituir “negligencia, connivencia o complicidad” en los sucesos investigados en la causa en la que se ordenaron las detenciones de Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que produjeron el fentanilo contaminado.

En un duro dictamen, la fiscal le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez).

Cuando se conocieron esas órdenes de detención, el Gobierno separó de su cargo a la funcionaria de la Anmat que tenía responsabilidad directa sobre la fiscalización del laboratorio. No así a la la titular del organismo Bisio, que fue respaldada por el ministro de Salud, Mario Lugones.

Roteta, que es la fiscal del caso, contó con un dictamen anexo, suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre el ineficiente control que ejerció el Estado sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El período en el que se investiga la actuación de la Anmat va de 2018 a la actualidad, informaron fuentes con acceso a la causa.

La PIA analizó 273 expedientes administrativos sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que fueron una prueba central para revisar la actuación de la Anmat, es el organismo regulador.

Un dato clave para los investigadores es que la Anmat inspeccionó Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre, seis días después de terminada esa inspección. Pero recién el 10 de febrero se le informó al laboratorio que no podía seguir con la producción “hasta no dar cumplimiento a las deficiencias” y presentar una serie de “acciones correctivas”. Fue en mayo cuando la agencia regulatoria dispuso la inhibición de toda actividad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El informe del organismo detalla que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en todas las áreas clave de la planta ubicada en Ramallo. Fallas que comprometían directamente “la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.

Las irregularidades incluían problemas en la validación de procesos, documentación deficiente, falencias en el control de calidad, malas prácticas en depósitos y en la gestión de recursos humanos, según el documento oficial.

La Anmat, que depende del Ministerio de Salud, no solo no clausuró de inmediato el laboratorio; tampoco dispuso el retiro preventivo de los lotes fabricados después de la constatación de las fallas.