En una reunión con Luis Chocobar, el policía condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso por haber matado a un ladrón que escapaba después de haber dejado, durante un robo, al borde de la muerte a un turista de los Estados Unidos que paseaba por el barrio de La Boca, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió en modificar el Código Penal y, en particular, “incluir disposiciones que contemplen la diferencia de fuerzas y la situación de legítima defensa cuando el agresor se encuentra en fuga”.

Bullrich, Chocobar y el abogado Fernando Soto, flamante director de Normativa y Enlace con el Poder Judicial, se reunieron en el Ministerio de Seguridad. En un comunicado de prensa, Chocobar fue presentado como “el oficial de policía que actuó bajo cumplimiento del deber”.

“El foco principal de la reunión se centró en la necesidad de incorporar modificaciones al artículo 34 del Código Penal, el cual no experimenta reformas desde hace 101 años. En particular, se discutió la relevancia de incluir disposiciones que contemplen la diferencia de fuerzas y la situación de legítima defensa cuando el agresor se encuentra en fuga. La ministra Bullrich expresó su compromiso con la adecuación de la legislación para proteger a aquellos que nos protegen, asegurando que estén respaldados por la ley cuando actúen debidamente y en cumplimiento del deber”, se afirmó en el citado comunicado de prensa.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el objetivo es garantizar “un marco legal que ampare a quienes defienden la seguridad pública”.

La modificación del Código Penal a la que hizo referencia Bullrich en la reunión con Chocobar forma parte de la denominada “ley ómnibus”, cuyo proyecto, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación.

El proyecto, como informó LA NACION, tiene un punto orientado específicamente a la seguridad pública. La iniciativa busca reformar el artículo 34 del Código Penal que hace referencia a la imputabilidad. Uno de los incisos ya menciona que no es punible “el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

El proyecto agrega en ese punto: “En cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.