Ahora pretenden ir contra de uno de los pocos juicios por corrupción que en este país alcanzó un final feliz. Quieren ensuciar uno de los grandes logros de nuestra democracia, modesta en conquistas. Para nosotros, que aquel juicio alcanzara un final ya vale mucho. No por nada lo consideramos “histórico”. Aquí las causas de robo al Estado suelen languidecer de a poco, como las hojas del otoño, hasta que caen cuando ya nadie las mira. Yacen olvidadas en juzgados que son cementerios de expedientes inconclusos. Parecen eternas, porque se extienden en mil diligencias y recursos que no acaban nunca, pero un día perecen así, en un lento fade out que pasa desapercibido. Para entonces el acusado ya lleva media vida disfrutando como un gran señor de los lujos y placeres que, gracias a su expertise en el sobreprecio y la coima, financia con la del pueblo mientras el pueblo se hunde en la pobreza. Los acusados, habría que decir. En plural. Los que roban a manos llenas y pasan por el simulacro de un juicio son legión aquí. O, mejor, los acusados y su descendencia, porque lo que se llevan da para la felicidad de varias generaciones.

Pero en este caso no solo hubo un final, sino que además ese final fue feliz para nuestra democracia: demostró, contra todo pronóstico, que la Justicia no está muerta todavía, aunque abunden las muestras de su estado agonizante. La Justicia argentina, o los juzgados federales, para ser precisos, son como esos cuerpos enfermos en los que de pronto uno de sus miembros, una pierna o un brazo, se infecta hasta pudrirse y muere. Ya no sirve para nada, es un lastre, pero no se lo amputa, sino que pesa como una carga sobre aquellos miembros sanos que deben trabajar el doble y a contracorriente por la supervivencia de un organismo bajo amenaza de una infección generalizada.

Esos miembros sanos, a los que le debemos la sentencia condenatoria en la causa Vialidad que ahora unos pintorescos abogados buscan impugnar afuera, despliegan un trabajo heroico en franca minoría. Luchan contra fiscales y magistrados entrenados en el arte de evitar condenas, contra el hábito argento de la impunidad, contra un entramado de intereses perversos y un sistema de vaciamiento de las arcas públicas que cierta elite ha perfeccionado durante décadas, y que la condenada en este juicio histórico ahora cuestionado y su marido hicieron estallar, al ponerlo al servicio de una ambición que no conoce límite y que escandalizó incluso a los mismos políticos, empresarios y sindicalistas que lo usufructuaban.

La conferencia de prensa con la que estos abogados difundieron la maniobra pareció una pantomima

Está todo a la vista. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola lo expusieron con claridad meridiana y exhibiendo una prueba irrefutable, en un alegato ejemplar. Aun así, ahora aterrizan en paracaídas estos letrados internacionales que pretenden probar afuera lo que los abogados locales no pudieron probar aquí: que, en lugar de haber sido justamente condenada por corrupción en la obra pública, Cristina Kirchner es una perseguida política que fue apartada del proceso electoral. Van con la cantinela del lawfare a las Naciones Unidas para que, de mínima, le levanten la inhabilitación. ¿Para qué volver, con todo lo que el matrimonio se llevó en doce años de laboriosa gestión?

La conferencia de prensa con la que estos abogados difundieron la maniobra pareció una pantomima. El mismo teatro al que venimos asistiendo desde hace años, ahora con actores extranjeros, uno español, el otro brasileño. Comedia, drama, humor absurdo o cínico, usted elige. Todo eso junto, vale también.

Dicen los constitucionalistas que la jugada tiene escasas o nulas posibilidades de prosperar. Por eso se repite que la expresidenta, al no contar con razones jurídicas, insiste en una defensa política. ¿Por qué la llamamos “política”? ¿No degradamos así un término que deberíamos cuidar? Lo suyo no es una defensa política, sino la continuación de una misma falacia. Una farsa, un simulacro, como lo fueron gobiernos que funcionaron como una pantalla para llevársela con pala.

Más que liberarse de una condena, parece que la expresidenta va camino de sumar otra, en tanto la causa Cuadernos avance como debe. Javier Iguacel, que estuvo al frente de Vialidad Nacional tras el gobierno kirchnerista, declaró el miércoles que, eliminado “el curro”, pasaron de tener tres oferentes (el mínimo) a tener entre 12 y 15 para cada obra, con precios que bajaron un 40%. Esa mordida feroz es solo un dato, un hecho constatable entre tantos otros, y todos incriminan a la “perseguida política” y muchos de sus funcionarios, así como a los empresarios que entraron en el juego. La bitácora de la corrupción del chofer Centeno ha probado ser de una precisión quirúrgica.

Pero el problema es menos la expresidenta que la Justicia. Cada vez que Cristina Kirchner se declara una víctima y clama por su inocencia; cada vez que Claudio “Chiqui” Tapia es entrevistado y escuchado como un gran dirigente; cada vez que aparece un episodio como el de Facundo Moyano, que se da la gran vida (mientras arruina la suya) con la nuestra, la sensación es que los impunes nos siguen robando. Delante nuestro. La opulencia que ostentan es prueba flagrante, lo dice todo, y es ahí donde duele el vacío de la Justicia. Nos toman por tontos y no les faltan razones.

Un pedido inútil a estos abogados que hacen su agosto: no vengan de afuera a manchar las conquistas de nuestra imperfecta democracia. No se nos rían en la cara. Bastante tenemos con los de adentro.