La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy el levantamiento del embargo sobre los bienes del empresario Uriel Pérez Jaurena que está investigado por supuestas trasnferencias irregulares y sus presuntos nexos con el destituido fiscal Claudio Scapolán.

La decisión fue de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de su colegas Gustavo Hornos.

Pérez Jaurena, representante del Grupo Bragarnik, es investigado por maniobras de lavado de dinero y por evasión por supuestas subvaluaciones en los contratos de transferencia de jugadores de fútbol. La sospecha es que se lavaba dinero de los carteles de las droga.

La AFIP estimó que el monto adeudado ascendería, aproximadamente, a 17.052.290 pesos. También se investiga su vinculación con la organización que estaría comandada por el exfiscal federal de San Isidro Claudio Scapolán.

El exfiscal federal de San Isidro Scapolán está acusado de comandar -entre 2012 y 2015- desde la ex UFI de Investigaciones Complejas una organización que robaba drogas incautadas en operativos policiales para luego reintroducirlas al circuito clandestino.

La investigación lo ubica cómo líder de una banda de abogados y policías que armaba causas, extorsionaba a narcos y robaba la cocaína de los procedimientos.

En la medida de Casación, Carbajo y Borinsky confirmaron el levantamiento del embargo, al entender que en el fallo recurrido se destacó fundadamente que la medida de no innovar reclamada por la UIF importa una severa injerencia en el patrimonio del imputado y que como tal debe ser precedida de una mayor fundamentación que no se verifica en el caso.

Hornos, en disidencia, destacó que el análisis que merece el caso “no puede incurrir en una percepción ingenua” y una “mirada sesgada” de la real importancia de la investigación de los delitos de lavado de activos.

Destacó que con el embargo se pretende ”resguardar las posibilidades de éxito de la investigación, en el marco del otorgamiento del sentido de restauración de la justicia y también del restablecimiento del equilibrio perdido que el decomiso importa, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.

Con un guiño a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que dirigió la investigación y fue finalmente apartada del caso, el juez Hornos destacó que la magistrada había motivado concretamente el embargo en las circunstancias del caso.

Y había dicho que cualquier modificación en el estado registral de los bienes en cuestión importaría un serio riesgo no solo para la continuidad de la pesquisa sino además un irreparable perjuicio para la consecución de los fines del proceso, configurándose entonces la medida idónea, necesaria y proporcional a los fines de la instrucción en curso.

Arroyo Salgado procesó a Scapolán por los delitos de jefe de asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y extorsión.

Scapolán resistió, a pesar de que la Cámara Federal de San Martín ratificó la continuidad de la jueza. En abril de 2020, el camarista de San Martín Marcelo Fernández ratificó que Arroyo Salgado siguiera al frente de la causa. Pero tars las intervención en la Cámara de Casación del juez Mariano Borinsky, la Cámara Federal de San Martín aceptó apartar a Arroyo Salgado.

El 17 de abril pasado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires decidió por amplia mayoría, destituir de su cargo al fiscal Scapolán. El juicio político se inició a partir de una causa penal en la que Scapolán es investigado, junto a policías y abogados, como parte de una empresa criminal destinada a la extorsión, robo y comercialización de estupefacientes.