Representantes de la Iglesia católica y magistrados de diferentes niveles del Poder Judicial se reunieron este sábado en una jornada para asumir una agenda común contra “la penetración del narco en los barrios a los que no llega el Estado”. El encuentro se llevó a cabo en un polideportivo eclesiástico en Puerta de Hierro, una de las villas más castigadas de La Matanza, donde curas, jueces y vecinos abordaron su mirada sobre el flagelo de las adicciones, el crimen organizado y la falta de oportunidades. Hubo un mea culpa de algunos por la escasa celeridad de la Justicia y cuestionamientos al proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de los menores.

En el “Gimnasio Papa Francisco”, perteneciente a la Parroquia de San José de la Diósesis de San Justo, localidad cabecera del enorme ecosistema territorial matancero, la primera palabra la tuvo monseñor Eduardo García. “A veces las políticas judiciales frente a las causas de narcotráfico son demasiado lentas y esquivas. Cerca de 40 mil causas hubo el año pasado por narcotráfico, de las cuales prosperaron nada más que 2 mil”, apuntó. “La calle, la cárcel y el cementerio son el destino y el proyecto de vida de muchos de los que viven y nacen acá”, sentenció.

La dura radiografía social fue observada atentamente por Julio Conte Grand (procurador general de la Provincia de Buenos Aires), Marisa Graham (defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación) y Alejandro Slokar (juez de la Cámara Federal de Casación Penal), entre otros jueces que arribaron al complejo. Lo hicieron junto a unos 200 chicos y adultos presentes a los que la Iglesia asiste tras rescatarlos de la calle y la llamada “terminal de la pasta base”, por su cercanía con la Estación Justo Villegas del Tren Belgrano.

Más allá de la crítica, el obispo de San Justo agradeció la llegada de los jueces a uno de los puntos más calientes del conurbano bonaerense para coordinar un camino común, aunque instó “al Estado en sus diversas posibilidades” a “tomar contacto para hacerse cargo y estar presente, no hacer sentir una visita al zoológico”. En ese sentido, remarcó el trabajo de la Iglesia en el territorio. “El milagro de la comunidad que se organiza, pese a la ausencia del Estado, creó este espacio donde estamos ahora, que hace no muchos años era un basural”, expresó. “Nosotros proponemos una regla de triple C: colegio, capilla y club”, completó.

Según datos de los 16 comedores de la Diócesis, desde 2019 hasta acá pasaron de 2 mil a 18 mil personas las que acuden a pedir un plato al día. Tras relatos en primera persona de históricos integrantes recuperados por los curas villeros encabezados por el padre Nicolás, conocido como “El Tano”, se invitó a los jueces a hablar. Comenzó Conte Grand: “Agradezco a los integrantes de la comunidad San José por demostrar que hay una posibilidad de trabajar en conjunto, de organizarse, de cuidarse entre todos para poder seguir avanzando, salir adelante y remover las dificultades”, expresó el procurador bonaerense.

El cierre estuvo a cargo de Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien dijo: “Hemos escuchado con el corazón. Esta reunión fue fruto de unos magistrados que vinieron a la conferencia y dijeron: nosotros queremos acercarnos, queremos escuchar. Yo vi en ellos un deseo vocacional de servir a través de la justicia, pero tomando contacto cercano en lugares donde se vive en forma profunda la vulnerabilidad. Y hemos visto y escuchado la fuerza de una comunidad que tiene anticuerpos que hacen que sea posible defenderse de una inmensa cantidad de males”.

El de La Matanza fue el tercer encuentro que jueces, obispos y curas comparten en el año, que tuvo su puntapié en la villa 1-11-14 del Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires en mayo pasado. Uno de los protagonistas de la semana, el juez federal Ariel Lijo, postulado a la Corte Suprema por el oficialismo, figuraba como invitado, pero no participó. A la distancia sí lo hizo el Papa Francisco, cuya figura se encuentra presente en cada rincón del predio, con un breve video grabado desde el Vaticano en donde deseó que el encuentro sea “una linda caravana, llena de fe y esperanza”.

Tampoco pasó inadvertido el proyecto oficial para bajar de la edad de imputabilidad, como pretende el Gobierno, cuyo proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil y hacer punibles los delitos de jóvenes de 13 años ya se encuentra en la Cámara de Diputados. En sus discursos, tanto Marisa Graham como Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, se manifestaron públicamente en contra.

“Aprovecho la oportunidad para decir que también tenemos que unirnos como Poder Judicial para oponernos a la baja de edad de imputabilidad penal”, señaló Gallardo, que citó al Papa Francisco: “Tiene una frase que sintetiza todo lo que podamos decir: ningún niño nace malo”, indicó Gallardo. Por su parte, Graham acusó al Gobierno de que “la única política pública que se le ocurre para nuestras pibas y pibes es criminalizarnos y bajarle la imputabilidad a los 13 años”, y añadió: “Muchos de los presentes nos vamos a oponer y no bajamos de los 16 años”.