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La escuela no puede resolver todo lo que la sociedad no resuelve

Hay una contradicción enorme en la manera en que estamos pensando la educación: le exigimos a la escuela que resuelva problemas que la exceden, pero seguimos evaluándola como si su única respon...

Hay una contradicción enorme en la manera en que estamos pensando la educación: le exigimos a la escuela que resuelva problemas que la exceden, pero seguimos evaluándola como si su única responsabilidad fuera enseñar. Aparece un problema social nuevo y ya sabemos lo que viene: que se trabaje en la escuela.

¿Aumenta la violencia? Talleres de convivencia. ¿Preocupa la salud mental? Educación emocional. ¿Los chicos no reconocen el valor del dinero? Educación financiera. ¿Crecen los riesgos en internet? Ciudadanía digital. ¿Hay problemas de alimentación? Educación nutricional. ¿Se multiplican las apuestas online? Prevención de la ludopatía.

Nadie discute que estos temas sean importantes, y claramente muchos son indispensables. Lo que me pregunto es: ¿quién decide qué entra a la escuela, qué sale y con qué recursos se sostiene?

Cada nueva demanda llega con una justificación atendible. El problema es que nadie parece mirar el conjunto. La escuela tiene que hacer todo. Y hacerlo bien. Mientras tanto, el día escolar sigue teniendo la misma cantidad de horas, los docentes siguen siendo los mismos y los recursos, en demasiados casos, no alcanzan.

No se puede seguir agregando responsabilidades como si el tiempo pedagógico fuera infinito. Peor todavía: estamos convirtiendo a la escuela en el lugar donde la sociedad deposita aquello que no consigue resolver en otros ámbitos.

Si las familias tienen dificultades para establecer límites, esperamos que la escuela los enseñe. Si los chicos no encuentran espacios de escucha, esperamos que los docentes los contengan. Si el sistema de salud no ofrece respuestas oportunas, esperamos que la escuela detecte, acompañe y sostenga. Si las desigualdades sociales se profundizan, esperamos que la educación las compense. Y si algo sale mal, buscamos un responsable dentro del establecimiento.

Es una manera bastante cómoda de distribuir las obligaciones: todos tienen algo para exigirle a la escuela, pero no todos están dispuestos a asumir la parte que les corresponde.

Por supuesto que la escuela debe enseñar a convivir, intervenir ante situaciones de violencia y construir entornos seguros. Sería irresponsable sostener lo contrario. Pero una cosa es reconocer su responsabilidad y otra muy distinta es pretender que pueda reemplazar a una familia, a un equipo de salud mental, a los organismos de protección de derechos o a las políticas sociales que deberían funcionar fuera de sus paredes.

Un docente puede advertir que un alumno está atravesando una situación emocional difícil. Puede escucharlo, acompañarlo y activar los mecanismos institucionales correspondientes. Lo que no puede es convertirse en su terapeuta.

Una directora puede intervenir ante una situación de violencia. Lo que no puede es resolver, con una reunión y un acta, conflictos familiares que llevan años acumulándose.

Una escuela puede enseñar hábitos de estudio. Lo que no puede es garantizar, por sí sola, que un chico tenga un espacio tranquilo para estudiar, duerma lo suficiente o cuente con un adulto que acompañe su trayectoria académica.

Y, sin embargo, actuamos como si todo eso dependiera exclusivamente de ella.

La escuela hace demasiado porque demasiados actores hacen demasiado poco.

Hay una pregunta que deberían hacerse quienes diseñan las políticas educativas: cuando se incorpora una nueva obligación escolar, ¿qué se elimina, qué recursos se agregan y quién se hace responsable de que pueda cumplirse?

No alcanza con aprobar una ley, anunciar un programa o distribuir una guía de actividades. Tampoco alcanza con organizar una capacitación de dos horas y considerar que el problema está atendido. Una política pública no debería medirse por la cantidad de responsabilidades que consigue trasladar a las escuelas, sino por las condiciones reales que crea para que esas responsabilidades puedan cumplirse. De lo contrario, estamos legislando buenas intenciones y dejando que otros administren sus consecuencias.

Y las consecuencias están a la vista: docentes que destinan horas a completar informes en lugar de planificar clases, directivos que pasan buena parte de su jornada gestionando urgencias, equipos escolares que funcionan permanentemente en modo emergencia y alumnos que necesitan aprender, pero encuentran adultos cada vez más desbordados.

Cada hora que una escuela dedica a resolver una situación que debería estar atendida por otra institución es una hora que deja de estar disponible para otras tareas educativas.

Ojo: nada de esto implica que la escuela deba desentenderse de los problemas de sus estudiantes. Pero acompañar no es lo mismo que hacerse cargo en soledad.

También necesitamos revisar el lugar que ocupan las familias en esta conversación. La corresponsabilidad educativa no puede ser una palabra que aparece en los acuerdos institucionales y desaparece cuando hay que sostenerla.

No podemos pedirle a una escuela que enseñe respeto mientras los adultos desautorizan sistemáticamente a los docentes delante de sus hijos. No podemos exigir autonomía si resolvemos cada dificultad antes de que los chicos intenten hacerlo. No podemos reclamar hábitos de convivencia si los conflictos entre adultos se tramitan mediante insultos en los grupos de WhatsApp. ¿O sí? Los chicos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Pero tampoco sería justo ignorar que muchas familias están atravesadas por jornadas laborales extensas, dificultades económicas, problemas de salud y una enorme falta de redes de apoyo. No todas cuentan con las mismas posibilidades de acompañamiento.

Justamente por eso necesitamos políticas públicas que no se limiten a decirles a las familias qué deberían hacer, sino que también generen condiciones para que puedan hacerlo.

¿Dónde están los equipos interdisciplinarios para acompañar a las escuelas? ¿Qué sucede cuando un docente detecta una situación grave y la derivación tarda meses? ¿Quién acompaña a una directora cuando debe intervenir en un conflicto para el que no tiene formación específica? ¿Qué mecanismos existen para coordinar las respuestas entre educación, salud, desarrollo social y los organismos de protección de derechos? Si la respuesta depende de la buena voluntad, los contactos personales o la capacidad de insistencia de cada equipo directivo, entonces no estamos frente a una política pública. Estamos frente a una improvisación sostenida por personas comprometidas. Y el compromiso no puede seguir funcionando como sustituto de los recursos. Es lo mismo que seguir hablando de vocación cuando el sueldo no alcanza o cuando las condiciones laborales son adversas. Un docente puede tener vocación, pero eso no significa que deba padecer la profesión porque no llega a fin de mes o porque el aula es un descontrol.

Necesitamos dejar de pensar las escuelas como instituciones capaces de absorber indefinidamente cualquier problema social. Hace falta revisar las obligaciones que se les asignan, garantizar equipos de apoyo accesibles, establecer circuitos de intervención que efectivamente funcionen y exigir responsabilidades también a los organismos que deben responder cuando una escuela solicita ayuda.

Una escuela no debería tener que suplicar para conseguir la intervención de un profesional. Un docente no debería terminar su jornada preguntándose si hizo lo suficiente por un alumno cuando, en realidad, lo que faltó fue una respuesta institucional. Y hay otra cuestión que no podemos seguir postergando: si queremos mejorar los aprendizajes, tenemos que proteger el tiempo de enseñar.

No habrá transformación educativa seria mientras sigamos agregando tareas sin revisar prioridades. No podemos reclamar mejores resultados en lectura, escritura y matemática y, al mismo tiempo, aceptar que la enseñanza compita permanentemente con una lista interminable de urgencias que nadie más atiende.

La escuela tiene una función social irrenunciable, pero su función principal sigue siendo educativa. Defenderla no es reducir la educación a contenidos ni desconocer el bienestar emocional. Pero para enseñar bien también hacen falta condiciones. En lugar de preguntarnos qué más debería hacer la escuela, empecemos a preguntarnos qué están dejando de hacer los demás. Qué deben garantizar las familias. Qué debe resolver el sistema de salud o desarrollo social. Qué responsabilidad tienen las plataformas digitales. Qué condiciones laborales necesitan los docentes. Y qué decisiones deben tomar quienes gobiernan para que todas esas responsabilidades no terminen concentradas en una sola institución.

Una sociedad que les exige todo a sus escuelas mientras les proporciona respuestas insuficientes no está demostrando cuánto valora la educación, está demostrando cuánto se acostumbró a delegar. La escuela puede transformar vidas. Puede abrir oportunidades, construir vínculos, enseñar a pensar y ofrecer horizontes que muchos chicos no encuentran en otros espacios. Pero no puede reemplazar a toda una sociedad.

Y si seguimos exigiéndole que lo haga, corremos el riesgo de que, intentando resolverlo todo, termine sin las condiciones necesarias para hacer aquello que nadie más puede hacer por ella: enseñar. Y después nos sorprendemos por los resultados de PISA o de las Pruebas Aprender…

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-escuela-no-puede-resolver-todo-lo-que-la-sociedad-no-resuelve-nid18112026/

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