Cuando Gianni Infantino asumió la presidencia de la FIFA, en 2016, su bandera fue la refundación ética tras el impacto devastador del FIFAgate. Sin embargo, a una década de su llegada, el discurso de la transparencia fue fagocitado por una lógica mercantilista que sustituyó el consenso por la imposición de los negocios. Uno de los ejemplos más recientes se vio en el último Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, cuando la FIFA habilitó un sistema oficial de reventa de entradas en el que la propia federación les cobraba tanto a compradores como a revendedores sendas comisiones del 15%, que terminaron encareciendo los de ya de por sí elevados precios hasta niveles inimaginables.

Hoy, la gestión de Infantino atraviesa una crisis de representación y gobernanza sin precedentes, al margen de apoyos incondicionales como el del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La opacidad en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a los calendarios internacionales y la creación de nuevos torneos, erosionó la confianza de los actores principales del ecosistema del fútbol y un dirigente que no comunica, no busca consensos y avanza de manera unilateral, termina vaciando de legitimidad su propio poder.

Uno de los primeros detonantes del descontento fue la saturación extrema del calendario internacional con la creación del nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos, lo que llevó a la UEFA, entidad que representa al fútbol europeo, y a organizaciones que defienden los intereses de los futbolistas a poner un límite al avance de Infantino.

No obstante, el episodio más crítico de este modelo de gestión fue el intento de abrir los próximos campeonatos mundiales a capitales privados a través del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). La maniobra buscaba cotizar los derechos comerciales de las Copas del Mundo (masculina, femenina y Mundial de Clubes) en una entidad valuada en 20.000 millones de dólares, ofreciendo vender cerca del 20% del paquete accionario a inversores privados a cambio de una inyección de 4200 millones de dólares.

La UEFA salió al cruce de esta idea con suma dureza al asegurar que “ninguna selección europea participará en una competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”. En tanto, la Conmebol, entidad rectora de ese deporte en Sudamérica y generalmente más receptiva de las propuestas de Infantino, planteó que, si bien el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero, estas “deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”, razón por la cual “la propuesta no avanzará”.

De esta manera, el cuestionado titular de la FIFA, que pretende lograr su reelección en marzo del año próximo, consiguió algo histórico: que el rechazo a su proyecto fuera compartido por entidades que en muchas oportunidades han estado enfrentadas por diferentes intereses.

Infantino ha transformado a la FIFA en una maquinaria de facturación hipertrofiada, pero que ha minado el capital político que sostiene la legitimidad del deporte. Si insiste en el camino de gobernar sin consenso y a espaldas de sus confederaciones más potentes, sembrando su gestión de sospechas de negociados, la consecuencia inevitable no será solo su aislamiento, sino una crisis muy profunda para la gobernanza del fútbol global.