Los diputados ya tienen en sus manos el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que a partir del recrudecimiento de las tensiones con el Reino Unido por la disputa de Malvinas propone la creación del Consejo de Seguridad Nacional, cuya misión será asesorar al Presidente, definir la política del área y ser el órgano rector de todo el sistema de seguridad del país.

Se trata de una figura similar al National Security Council (NSC), que Estados Unidos puso en marcha en 1947, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. En una tendencia frecuente en este tipo de organismos, su integración quedará concentrada en manos leales al Presidente. Sin participación parlamentaria, ni otros mecanismos de control.

En línea con el mensaje del presidente Javier Milei, que amenazó con sanciones más graves a quienes realicen actividades de exploración submarina sin autorización, la iniciativa se presentó en el contexto de la Cuestión Malvinas, lo que podría facilitar la búsqueda de consensos políticos en el Congreso.

Así, es probable que en otros contextos fuera más difícil de conseguir el respaldo parlamentario para determinados puntos de la iniciativa, como el artículo que eleva a rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), con la posibilidad de que motivos razonables de sospecha abran la puerta a la inmovilización de bienes u otras sanciones.

El nuevo esquema de la seguridad nacional pasó por distintas áreas del Poder Ejecutivo, desde los ministerios de Defensa y Economía hasta la Cancillería, más el filtro del asesor presidencial Santiago Caputo, principal referente en materia de políticas de inteligencia.

El Consejo de Seguridad Nacional tendrá miembros permanentes y no permanentes. Será encabezado por el presidente de la Nación y tendrá seis miembros permanentes: el jefe de Gabinete (Diego Santilli), los ministros de Relaciones Exteriores y Culto (Pablo Quirno), de Defensa (el militar Carlos Presti) y de Economía (Luis Caputo), el secretario de Inteligencia (Cristian Auguadra) y la secretaria de Legal y Técnica (María Ibarzabal).

Los miembros no permanentes serán convocados por el Presidente en reuniones extraordinarias, según la naturaleza de los asuntos de la agenda, cuando “sus conocimientos o competencias en cuestiones estratégicas resulten de utilidad”, define el proyecto.

Pese a que en un principio se barajaba la posible incorporación de gobernadores, el proyecto que se giró a la Cámara de Diputados no contempla finalmente esa posibilidad.

Las funciones del Consejo de Seguridad Nacional serán asistir al Presidente en todo lo relacionado a la seguridad nacional y elaborar la política de seguridad para todo el país con los lineamientos y objetivos generales del Sistema de Seguridad Nacional.

Una misión del Consejo será elaborar la estrategia nacional para proteger las “Infraestructuras críticas”, un concepto novedoso y de amplitud compleja, que el proyecto define como “las estructuras físicas, redes y sistemas públicos o privados que son indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado”. En esa dimensión, para el desarrollo de sus actividades, el organismo podrá requerir la cooperación de los gobiernos provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de los municipios.

Según pudo saber LA NACION, el proyecto modifica artículos de la ley de defensa nacional, que fue establecida con un fuerte consenso político en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cinco años después de la recuperación de la democracia.

La iniciativa dispone que las Fuerzas Armadas constituyen el “instrumento militar de la defensa nacional y ordena que estén “organizadas, adiestradas y equipadas para su empleo disuasivo y efectivo frente a riesgos, amenazas y desafíos de origen externo”.

Deberán estar preparadas para su empleo en todas las operaciones que fueran necesarias para garantizar la defensa nacional. “Las referidas operaciones incluyen las militares convencionales y no convencionales y a aquellas militares distintas de la guerra”, expresa el proyecto.

El fundamento del gobierno libertario es que “la defensa nacional no puede permanecer prisionera de categorías concebidas para un escenario anacrónico”, explicaron a este diario fuentes del oficialismo.

El nuevo esquema prevé como infracción administrativa la realización de actos que afecten o amenacen la seguridad nacional, cuando provenga de “un Estado extranjero u organización extranjera”.

La infracción se configura cuando dichas conductas busquen atentar contra la integridad territorial o “interferir, mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos, en el proceso decisorio de sus autoridades constituidas”. Y se incorpora un régimen específico para la identificación, planificación y protección de las llamadas infraestructuras críticas.

El proyecto regula con un minucioso nivel de detalle las tareas del Comando Conjunto Aeroespacial destinadas a la protección de la soberanía aeroespacial, marítima, fluvial y lacustre, a lo que añade la custodia de lasd “infraestructuras críticas”.

El Gobierno insiste en que la iniciativa no altera “la vocación pacífica” de la Argentina, ni su compromiso con el derecho internacional y entiende que la Cuestión Malvinas es una causa nacional y permanente. Su defensa exige sostener el reclamo soberano por medios pacíficos, diplomáticos y jurídicos y también exige construir capacidades estatales duraderas que permitan proteger los recursos naturales, las infraestructuras críticas, el Atlántico Sur y los intereses estratégicos de las generaciones presentes y futuras”.

El exsenador nacional Julio Martínez, quien condujo el Ministerio de Defensa en el gobierno de Mauricio Macri, afirmó que el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional “profundiza y mejora la ley vigente, al imponer sanciones y penalidades, pero podría ser mejorado”.

Sostuvo que el proyecto deja abierto el régimen de sanciones, más allá de los hidrocarburos y lo extiende a los recursos renovables y no renovables, como la pesca y el turismo. “Lo esgrime de una manera tangencial y abierto a interpretaciones, por lo que debería expresar las penalidades de manera taxativa”.

Martínez considera positivo que las Fuerzas Armadas puedan custodiar objetivos estratégicos. Pero estima que algunos artículos podrían generar susceptibilidades, como el protocolo de intercepción marítima y aérea, ya que roza una línea muy delgada y podría ser interpretada como hostilidad o pretensión de generar conflictos militares”.

En tanto, en apoyo al proyecto, el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, dijo que “durante 40 años, la Argentina declamó soberanía, mientras el que explotaba nuestros recursos no pagaba ningún costo”. Y añadió: “Este proyecto invierte la ecuación y convierte al Atlántico Sur en un activo estratégico. Eso es pensar como nación y no como espectador de la propia historia”.

Lucero Torres advirtió sobre un cambio de doctrina. “Se termina la Argentina que discutía la defensa con categorías de la Guerra Fría, mientras las amenazas reales pasaban por los cables submarinos, los fondos buitre de la geopolítica y la presión sobre nuestros recursos. La disuasión no se declama, se construye con capacidades, con reglas de empeñamiento claras y con decisión política”.