Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, acaba de ser detenido con fines de extradición en un edificio de departamentos del barrio porteño de Monserrat. El operativo estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, ambas dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA).

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. Bertulazzi, de 72 años, era buscado por la Justicia de Italia por delitos secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas”, sostuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.

Se encontraba en Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004. “Fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fuera levantada por las autoridades del gobierno nacional”, explicaron fuentes oficiales.

Según la información oficial, la detención de Bertulazzi “fue un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia”.

En el citado comunicado se afirmó: “Bertulazzi es un exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista responsable de numerosos hechos de violencia en Italia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del exprimer Ministro de Italia Aldo Moro, en 1978. Bertulazzi, quien ocupaba un alto rango dentro de la organización, estuvo vinculado a la logística del secuestro de Moro”.

En mayo de 2002 había ingresado en la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

Como informó LA NACION tras su primera detención, Bertulazzi recorría América latina con una motocicleta Honda, modelo 750, viaje que había iniciado en El Salvador. Había llegado a la Argentina desde Chile.

Nacido en Verona, es genovés por adopción. Su paso en las Brigadas Rojas comenzó en 1977, cuando fue herido por la explosión de un artefacto que armaba. Luego fue condenado a dos años de prisión. Perteneció a la Columna Genovesa 28 de marzo y se lo conocía como Stéfano, su nombre de guerra.

Cuando fue detenido en un garaje cerca de su departamento de Monserrat, Bertulazzi llevaba el pasaporte de su hermano, de nombre Alberto, con su fotografía. Por eso, más allá de los delitos por los que se lo requiere en Italia, aquí puede estar envuelto en otro ilícito, como es la utilización de un documento falso, dijeron fuentes judiciales. Por ahora, tras la audiencia judicial en la que estuvo aconsejado por una abogada particular, fue trasladado en medio de un importante operativo policial al Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal.

En Interpol Argentina están entusiasmados con la detención de Bertulazzi, debido a la importancia que le adjudican las autoridades italianas al arresto. Esto es así porque tras la actividad que tuvieron las Brigadas Rojas en la década del 80, la organización, desmembrada, con la mayoría de sus miembros en prisión, estuvo tranquila.

Hasta que en mayo de 1999 atentaron contra el asesor en materia laboral del gobierno italiano Massimo Dantona. Luego, en marzo último, mientras se sustanciaban los juicios contra los ex brigadistas, una columna juvenil de las brigadas volvió a atacar. Esta vez mató a quemarropa a Marco Biaggi, en Bolonia, ataque que fue reivindicado por los acusados durante los procesos que se llevaban a cabo.

Según publicó el diario Clarín en julio de 2003, el ciudadano italiano fue liberado por decisión de la jueza federal María Servini. La Justicia de Italia condenó a Bertulazzi “en ausencia”, posibilidad no prevista en las leyes procesales de la Argentina. La magistrada entendió que de esa manera el detenido no pudo ejercer su derecho constitucional de defensa, dispuso su libertad.

“Esta detención refleja el compromiso de Argentina con los valores de la democracia y el Estado de derecho, y expone ante el mundo la firme decisión de no convivir con asesinos impunes. Asimismo, subraya la necesidad de evitar que instituciones diseñadas para proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad sean aprovechadas indebidamente por criminales que atentan contra la paz y las instituciones democráticas”, concluyó el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad de la Nación.