Miguel Antonio Lizarraga juraba que era comerciante y que no había cometido ningún delito. Pero cuando lo detuvieron, en 2021, llevaba más de cuatro décadas dedicado al robo, según los investigadores que en ese momento lo acusaron de encabezar una banda que desafió las restricciones de circulación impuestas por la pandemia del coronavirus para viajar desde Córdoba hacia Tucumán para saquear casas que encontraran vacías.

En septiembre de 2023 la “Gata” Lizarraga recibió una durísima condena: 18 años de cárcel como jefe de la asociación ilícita en concurso real con más de 20 hechos de robo por efracción –referido al ingreso a propiedades tras violentar puertas o ventanas–, utilización de armas de fuego, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Su hijo, Juan de Dios López, recibió 16 años de prisión y su hermano, Néstor Fabián “Tuta” Lizarraga, 8 años. Hubo otros sentenciados: Luis Ricardo Carreras (17 años de prisión tras la unificación con una pena anterior) y cinco años y medio para Cristian Nicolás Caro. Otro imputado, Walter Ernesto Caro, fue absuelto por los jueces Bernardo L’Erario Babot, Fanny Siriani y Eliana Gómez.

En su dictamen acusatorio, el titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, Diego López Ávila, sostuvo: “Son profesionales, expertos y con distribución de roles”.

El fiscal precisó que la banda de Lizarraga salía de Córdoba en vehículos con los que llegaba a Tucumán, donde ejecutaban distintos hechos ilícitos y, de inmediato, regresaban a su provincia.

La mayoría de los traslados ocurrieron en los momentos más rígidos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno a nivel nacional para contener los efectos de la pandemia de Covid-19.

Se determinó que los integrantes de la organización criminal adulteraban los permisos de circulación, registrándose como trabajadores esenciales para sortear los límites interjurisdiccionales.

Una vez en Tucumán alquilaban departamentos temporales para poder permanecer en la provincia lo necesario para concretar sus golpes. Se mantenían en esos departamentos un tiempo prudencial y, finalmente, regresaban a Córdoba con sus botines, principalmente, dinero y joyas.

“Las víctimas nos contaron las angustias propias, los elementos sustraídos y los daños a las viviendas que permitieron el ingreso de los imputados. El caudal probatorio reunido (en forma fotográfica y fílmica) corrobora la existencia de los hechos. Se secuestraron objetos relacionados con su especialidad. La primera deducción es que utilizaron barretas para violentar las aberturas. En uno de los hechos arrancaron un motor de la mampostería de la pared para destruir las puertas. En otros hicieron boquetes en las paredes. Las víctimas, en sus declaraciones, sostuvieron que las personas no eran principiantes, sino profesionales que se movían en minutos para sacar las pertenencias. Podemos encontrar puntos de enlaces que permiten establecer la convergencia de las voluntades para ese plan criminal”, alegó Ávila.

El fiscal explicó que “cuando no participaba de los hechos, la ‘Gata’ los monitoreaba”, tal como pudo probar a través de testimonios, grabaciones de audios, geolocalizaciones y chats.

Se comprobó que los integrantes de la asociación ilícita usaban autos que estaban a nombre de terceros, registrados en otras provincias, o vehículos con patentes falsas, de modo de evitar ser rastreados.

En los casos en que usaban aquellos autos comprados, pero sin realizar las respectivas transferencias de dominio, los miembros de la banda se deshacían inmediatamente de los coches, ya sea vendiéndolos, devolviéndolos a las concesionarias donde los habían adquirido o modificando sus características exteriores para evitar que pudieran ser hallados (como ser cambiar el color del polarizado, el color del vehículo, etc).

La condena fue dictada por el Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital, de San Miguel de Tucumán, fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Impugnación, que, no obstante, redujo la pena de la Gata Lizarraga a 16 años y medio, y a 15 años y medio las de su hijo y de Carreras.

El máximo tribunal de Tucumán declaró inadmisibles los planteos de las defensas y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que este martes rechazó las presentaciones de las defensas, con lo que el fallo de primera instancia quedó firme.