Faltaban horas para el allanamiento del 1 de diciembre en Sur Finanzas. “Que borre todas las cámaras”, escribió a las 2:57 Daniela Sánchez, la secretaria personal de Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA. Ese no fue el único mensaje de aquella trasnoche agitada.

“Desconecten los programas”, sostenía otro chat de las 2:07 entre una asesora de la empresa Sur Finanzas, que manejaba Vallejo, y un encargado de sistemas, según reconstruyó en un escrito el juez Tomás Rodríguez Ponte.

Estos mensajes salieron a la luz con el procesamiento y prisión preventiva contra Vallejo.

Para el juez, las órdenes para “borrar” y “desconectar” forman parte de un “protocolo” que incluyó la eliminación de registros, retiro de efectivo de las sucursales de Sur Finanzas, el ocultamiento de vehículos y el traslado de computadoras en torno a los allanamientos.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes cercanas al financista negaron que Vallejo haya dado órdenes en esa dirección.

La secuencia que describió el juez Rodríguez Ponte comenzó con chats anteriores al allanamiento. El 28 de noviembre, Micaela Sánchez, identificada en la causa como quien guardaba llaves de cajas fuertes y equipos informáticos, le preguntó a una empleada si había “algo raro”. Para ese entonces, ya habían pasado tres días de la denuncia de ARCA contra el financista cercano a la AFA por presunto lavado de activos.

“Por el momento tranquilo, estamos operando solo blanco”, contestó la empleada, tal cual reconstruyó el juez. Luego completó su respuesta: “ya arqueamos todo, tenemos guardado todo por las dudas; solo lo blanco está afuera”.

El grupo Sur Finanzas ofrecía distintos servicios: compra y venta de dólares, préstamos y la billetera virtual.

La hipótesis judicial señala que una de las casas de cambio que estuvieron bajo control de Vallejo, Centro de Inversiones Concordia, vendió dólares “a terceros no habilitados o al mercado paralelo”. La Justicia remarcó una supuesta inconsistencia: en las cuentas de esta empresa “se habrían acreditado al menos $4.040.114.708 en 2022″, cifra que “no se correspondía con las ventas declaradas para ese año ($2.440.801.851)”.

En declaraciones judiciales incluidas en el acta de procesamiento, Vallejo mencionó que las casas de cambio bajo su control, durante época de cepo, operaron US$108,1 millones y que tuvo una ganancia de entre dos y veinticinco pesos por dólar.

Fruto de ese crecimiento fue la adquisición de la billetera virtual, bautizada Sur Finanzas PSP. Esa estructura es el centro de la denuncia por presunto lavado de activos. Allí aparece un “ejército de soldaditos”, en referencia a personas sin capacidad económica que habrían inyectado fondos con apariencia lícita aunque de origen ilícito. Para el juez, la supuesta venta de dólares en el mercado paralelo puede ser el delito precedente del lavado.

La defensa del financista sostendrá que la evasión no puede calificar como el antecedente del lavado. Asimismo y en diálogo con LA NACION, Vallejo había negado tener un “ejército de soldaditos” que participaban del circuito de lavado.

De vuelta en las horas anteriores a los allanamientos en las sucursales de Sur Finanzas, la Justicia secuestró dos chats que aluden a presuntos movimientos de borrado. La secuencia inició a la madrugada y continuó entrada la mañana de ese 1 de diciembre con supuestos “puchitos”, en aparente a pequeños montos de dinero, dejados como fachada.

En otra conversación por Telegram, de las 1:33 de la madrugada, la secretaria personal de Vallejo le escribió a Micaela Sanchez: “mañana que levanten temprano las ganancias”. No fue un mensaje aislado de trasnoche, según la secuencia desarrollada en el último escrito judicial. A las 2:57 también envió: “mañana Agustín va a ir temprano, decile que borre todas las cámaras”.

El “protocolo” al que aludió el juez también incluyó otras maniobras no digitales en las sucursales de Sur Finanzas. La secretaria señaló “levanté Adrogué Chico, dejé solo puchito, ya está guardado” y su interlocutora respondió “levanté Banfield, dejé puchito también”, tal como reconstruyó el juez.

En descargos presentados ante la Justicia, ambas negaron las acusaciones en su contra. Sánchez argumentó que su función era ajena a operaciones financieras y sólo se ocupaba de la agenda de Vallejo. En tanto, Sánchez afirmó que se desempeñaba como cajera, que no tenía personal a cargo y carecía de medios para incidir en las decisiones de Sur Finanzas.

Esa misma madrugada, a las 2:07 de la mañana, Susana Hoffman, quien asesoraba a Sur Finanzas en materia de normativa del BCRA, le mandó al encargado de sistemas “necesitamos que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”.

Hoffman explicó en su descargo que había empezado a trabajar con el equipo de sistemas de Sur Finanzas el 27 de noviembre, tres días antes de ese mensaje. Y que el chat citado se refería a un pedido de ella para que borraran programas no permitidos como Instagram, WhatsApp, Facebook y aplicaciones personales de bancos o billeteras virtuales. Ante esta explicación, el juez consideró que ella “no da cuenta de por qué esa tarea debía ejecutarse a las 02:07 horas del mismo día de los procedimientos”.

Y el día posterior al allanamiento, el 2 de diciembre, el juez rescató más mensajes vinculados a los autos del grupo de Vallejo. A las 10:09, Juan Ramón Cervín, señalado como uno de los portavalores encargados del traslado y depósito del efectivo de la empresa, le escribió a su pareja “ahora estamos yendo a lo de Rolo a esconder las tres camionetas”.

En un descargo que presentó a la Justicia, Cervín argumentó que como no tenía acceso a la causa ni tampoco motivos para sospechar que estacionar los vehículos en un lugar determinado pudiera constituir una maniobra de obstrucción.

La secuencia continuó hasta el 3 de diciembre, según el juez. Nahiara Gamarra, descripta como secretaria personal de Vallejo, le pidió al encargado de sistemas que se conectara a su computadora y “la limpie bien”; ante la pregunta “¿puedo borrar todo ?”, respondió “borrá todo sí”.

En su descargo, Gamarra dijo que no tenía vinculación con operaciones financieras y negó todas las acusaciones en su contra. Sobre su situación, el juez indicó que no se manifestó sobre el mensaje citado.

Tras dictar los procesamientos, el Rodríguez Ponte le otorgó la prisión domiciliaria a Vallejo. A su vez, delineó que la investigación sobre los fondos movilizados a través de Sur Finanzas tiene distintas hipótesis sobre las que avanzar. Y en relación a su conexión con el fútbol, mencionó que aguarda un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) sobre la contabilidad que vincula a su empresa con clubes a los que sponsoreó o prestó dinero