CÓRDOBA.- Unos 57 allanamientos, 12 personas detenidas (todas mayores de edad) y el secuestro de más de 50 pistolas, revólveres, escopetas y fusiles de distintos calibres, además de dos proyectiles de mortero y municiones varias, son los números provisionales de un megaoperativo derivado de una investigación que se extendió por unos ocho meses, en la que se detectó que se comercializaban y alquilaban armas a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

Los allanamientos, autorizados por la fiscal María Celeste Blasco, se realizaron en la ciudad capital y en Villa Dolores, Carlos Paz y Deán Funes. Entre el material secuestrado aparece, además de las armas de todo tipo, pólvora para la recarga de proyectiles.

En diálogo con LA NACION, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, precisó que el origen de la investigación se remonta a unos ocho meses: “En un procedimiento impulsado por el Registro Nacional de Armas se secuestraron teléfonos celulares. El análisis de esos dispositivos permitió abrir otra línea investigativa y detectar contactos y movimientos relacionados con la oferta ilegal de armas”.

A partir de eso, intervino personal especializado en ciberdelito y se desplegaron tareas de ciberpatrullaje para seguir las publicaciones y las conversaciones en las que se ofrecían armas para la venta o en alquiler.

“No hay armas de contrabando, pero sí compradas en el circuito ilegal, que no tienen trazabilidad”, planteó Quinteros. A partir de un convenio firmado entre Córdoba y el Renar, la provincia también puede reconstruir el recorrido de un arma y determinar quién la adquirió originalmente. Por supuesto, el seguimiento se complejiza cuando aparecen transferencias irregulares o denuncias de robos.

El ministro graficó con un procedimiento realizado hace poco, en el que fue allanada la casa de una persona que tenía 15 armas. Algunas estaban correctamente registradas, pero otras no; incluso había una con la numeración limada. “Si le entran a robar, se las llevan e ingresan al circuito negro; la persona está detenida y, con ese antecedente, no puede tener más armas de forma legítima”, explicó.

En el Consejo de Seguridad Interior, el tema de la cantidad de armas en circulación preocupa. Quinteros es uno de los que impulsan el proyecto de desarme voluntario que se encuentra en el Senado: “En Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y la Capital Federal tenemos problemas graves por la cantidad de armas. Esta iniciativa puede empujar a las familias a entregar armas a cambio de dinero. Por supuesto que no lo harán los delincuentes, pero sí saldrían de circulación las otras que ellos terminan robando”.

Un documento elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (Ufiarm), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, advierte que una de las modalidades de origen de las armas más habituales es utilizar a personas habilitadas como punto de ingreso al circuito. Como categoría de análisis, el informe incluye la de “testaferros de armas de fuego”.

El mecanismo da lugar a lo que la Ufiarm define como un “lavado de legalidad”: el arma aparece formalmente registrada a nombre de un legítimo usuario, aunque en la práctica ya entró en el circuito ilegal.

También advierte que, en determinadas maniobras, las denuncias por robos pueden ser utilizadas para justificar ante el Estado la desaparición de armas que, según la investigación, nunca estuvieron realmente en poder del titular registral.

En Córdoba, en 2015, se detectó el robo de 72 pistolas Bersa Thunder calibre 9 milímetros del depósito de armamento de la Jefatura de Policía. La investigación judicial estableció que fueron extraídas clandestinamente de la División Armamento para ser vendidas.

Algunas de aquellas armas aparecieron en poder de delincuentes. En 2020, por ejemplo, fue localizada una pistola de ese lote durante un allanamiento y otra se utilizó en un tiroteo en el barrio Nueva Córdoba en el que murió el policía Franco Ferraro, en 2018. No todas fueron recuperadas.

También el expolicía Horacio Antonio Grasso, condenado en 2009 a 27 años de prisión por el homicidio del niño Facundo Novillo Cancinos, de 6 años, y ahora imputado por el femicidio de una joven cuando estaba beneficiado con prisión domiciliaria en un departamento céntrico, era conocido como “el armero”. Mientras estaba en prisión domiciliaria, ofrecía —de manera ilegal, obviamente— servicios de limpieza y reparación de armas a través de la plataforma de Facebook.