Deberían evaluarse el mérito, la antigüedad o al menos el título universitario. No siempre se cumple: a veces cuentan más la afinidad, la política y hasta el parentesco. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo técnico y con criterios propios de carrera administrativa para sus empleados según el convenio colectivo de trabajo, volvió esta semana a ser noticia por decisiones discrecionales para recategorizar a 246 agentes a los escalafones y sueldos más altos.

Así lo dispone una disposición administrativa fechada el lunes pasado y firmada por Andrés Vázquez, director del organismo que incluye a la DGI y a la Aduana y que, desde entonces, es un hervidero porque en la lista hay nombres conocidos para los trabajadores y no siempre con una calificación constatable que lo justifique. El de Nicolás Andrés Velis, por ejemplo, hijo de José Andrés Velis, director de la Aduana, a quien se ascendió al grupo 3, uno de los más altos de un escalafón jerárquico que va de manera decreciente: del 1, el de mayor ingreso, al 15, el de menor. Y todo, a pesar de que Velis junior no tiene título universitario, algo que en la Aduana no debería permitirle aspirar a más que un grupo 7, ni tampoco tanta antigüedad, porque entró en el organismo durante la gestión de Carlos Castagneto, en el gobierno de Alberto Fernández.

Son puestos que, en un organismo autárquico como la ARCA, trascienden el destino de todos los gobiernos. Por eso son codiciados. Y por el ingreso, que en términos netos oscila los $6 millones para los más altos, porque tiene dos componentes: un salario básico, que no supera los 1,9 millones, y un adicional del fondo de jerarquización, que puede llegar a 4 millones con una buena calificación interna. “Están regalando categorías equiparables a las de gente con estudio y tres o cuatro décadas de carrera”, se queja ante LA NACION una empleada.

El texto publicado el lunes no da demasiadas explicaciones. Pero justifica las recategorizaciones en “los resultados alcanzados en el ejercicio de las funciones” y agrega que se ha ponderado en el asunto “el desempeño, idoneidad y nivel de compromiso permanente en el cumplimiento de las tareas que les son asignadas”.

Las quejas se oyen principalmente en la DGI, donde el lote es más extenso y las categorías van al revés que en la Aduana: del 26, el más calificado, al 3, el de menor rango. Esa lista, de 208 agentes, vuelve a destacar a Yael Bialostozky, vocera del Ministerio de Economía, a quien la ARCA ya había ascendido el año pasado al grupo 22 y ubicó desde el lunes pasado en el 26, el más alto posible, y a pesar de que el convenio colectivo recomienda no subir más de dos por vez. En la DGI, según el convenio, un no universitario no debería exceder el grupo 16.

La explicación del Palacio de Hacienda para la recategorización de su vocera es que ella ocupa el cargo de supervisora del Equipo de Enlace de Comunicación Estratégica, una función que reconoce formalmente las responsabilidades, atribuciones y nivel jerárquico inherentes al nuevo puesto.

“El problema es que no hay criterio: hay casos recontra merecidos y otros que no”, insisten en los gremios, que se enteraron de la medida el viernes, cuando la información se filtró desde el área informática. “¿Quién hizo la lista de ascensos?”, le preguntaron entonces a Vázquez, y el director de la ARCA lo atribuyó a Guadalupe González, directora de Recursos Humanos, y a Karina Venier, un nombre fuerte dentro del organismo: es asesora de Vázquez y se desempeñó durante muchos años como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitanas.

¿Fue entonces la propia González quien se incluyó a sí misma en la lista de ascensos y con la categoría más alta, en el grupo 26? Difícil constatarlo porque la única firma que aparece en la disposición administrativa es la de Vázquez. Pero González está ya definitivamente recategorizada y tal vez sea uno de los casos de meritocracia que los gremios aceptan: al menos es actuaria y tiene antigüedad. Pero no así Daiana Soledad Venier, hermana de Karina, que está desde 2013 en la ARCA, pero que no se graduó y aparece desde el lunes en el grupo 22.

Consultados, en la ARCA prefirieron no hacer comentarios. Los trabajadores dicen haber advertido en la nómina saltos de hasta 12 escalafones. “La carrera administrativa no es un botín”, planteó este miércoles un comunicado de la UpsAFIP, uno de los sindicatos, que le dedicó varios párrafos críticos a la medida. “En un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito. No cuestionamos la valía personal de quienes integran la lista, pero resulta inadmisible e injusto para el resto de los compañeros que día a día sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses”, planteó.

Hay, además, según los empleados, un tercer elenco de recategorizados: los que tienen antigüedad y título, pero que hace tiempo no cumplen funciones dentro del organismo. ¿Se les otorga buena calificación en tareas que no cumplen? Es el caso de Juan Ignacio Waissman, que también quedó en el grupo más alto, el 26. Waissman es abogado y acumula años en la DGI, pero varios afuera: pasó por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el organismo recaudador porteño, y desde el año pasado es asesor de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia.

Estos ascensos no irritan tanto internamente como los de los recién llegados. La abogada Mariela Andrea Perugini, por ejemplo, que venía del Ministerio de Economía, llegó al organismo en la época de la conducción de Juan Pazo y quedó desde el lunes en el grupo 25, o la licenciada Aixa Granara, que con casi los mismos meses de antigüedad tiene ya el grupo 22. Contactos o afinidades por sobre carreras o destrezas, lo más parecido a lo que hasta hace pocos meses llamaban “casta”.

No es la primera polémica con respecto al ascenso laboral en el ente recaudador. María Eugenia Fanelli, pareja de Vázquez, habia sido designada en enero de 2026 como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la Dirección General Impositiva (DGI).