Este viernes 10 de julio marca una fecha decisiva para una de las iniciativas sobre vivienda más importantes debatidas en los últimos años en Estados Unidos. Aunque el presidente Donald Trump se negó a firmarla, la denominada 21st Century ROAD to Housing Act está en condiciones de convertirse en ley por un mecanismo previsto en la Constitución estadounidense.

Por qué el 10 de julio define el futuro de la reforma de vivienda en EE.UU.

Según informó Yahoo Finance, la legislación llegó al escritorio de Donald Trump después de obtener un respaldo ampliamente mayoritario en ambas cámaras del Congreso a fines de junio.

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Sin embargo, pocas horas antes de la ceremonia prevista para promulgarla, el mandatario anunció que no la firmaría porque pretendía que el Poder Legislativo priorizara el tratamiento de la SAVE America Act, un proyecto vinculado con la identificación de votantes que todavía no reúne los apoyos necesarios para avanzar en el Senado.

Pese a esa decisión, el proyecto no quedó paralizado. La Constitución de Estados Unidos establece que, cuando el presidente no firma ni veta una ley dentro de un plazo de diez días —sin contar los domingos— y el Congreso permanece en sesiones, esa iniciativa entra en vigor automáticamente.

Como el proyecto fue presentado formalmente a Trump el 29 de junio, este viernes 10 de julio es la fecha límite para que el mandatario la firme o la vete antes de que se convierta en ley sin su firma.

De acuerdo con Newsweek, el presidente todavía conserva la posibilidad de vetar la iniciativa antes de que venza ese plazo. No obstante, la amplitud del respaldo obtenido durante la votación legislativa deja abierta la posibilidad de que el Congreso pueda revertir un eventual veto presidencial.

El proyecto fue aprobado por 85 votos contra cinco en el Senado y por 358 votos contra 32 en la Cámara de Representantes, una diferencia que refleja un consenso poco habitual en el escenario político estadounidense.

Qué cambios incluye la 21st Century ROAD to Housing Act para viviendas manufacturadas y modulares

Uno de los aspectos más relevantes de la 21st Century ROAD to Housing Act es el impulso que prevé para las viviendas manufacturadas y modulares como parte de la estrategia para aumentar la oferta habitacional.

Según Yahoo Finance, la legislación incorpora una serie de medidas destinadas a facilitar la construcción de viviendas y reducir algunos de los obstáculos que hoy encarecen los proyectos inmobiliarios. Entre sus principales disposiciones se encuentran:

Incentivos para que los gobiernos locales construyan más viviendas. Simplificación de los procesos de revisión ambiental que suelen demorar el inicio de nuevos desarrollos. Mayor facilidad para que bancos y cooperativas de crédito otorguen hipotecas. Expansión del acceso a casas prefabricadas y viviendas modulares. Restricciones para que grandes inversores corporativos adquieran viviendas unifamiliares.

El objetivo central es incrementar la disponibilidad de inmuebles y aliviar la presión sobre los precios, en un contexto donde la escasez de oferta se convirtió en uno de los principales factores detrás del aumento del costo de comprar o alquilar una vivienda.

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La legislación representa uno de los intentos federales más ambiciosos desde la década de 1990 para intervenir en el problema del acceso a la vivienda. Según explicó Newsweek, el proyecto pretende acelerar la construcción de nuevos desarrollos, reducir las demoras administrativas y fomentar alternativas habitacionales de menor costo, entre ellas las casas prefabricadas.

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Distintos especialistas consideran que sus efectos no serán inmediatos. La economista Jeanna Kenney, profesora de la Villanova School of Business, explicó a Newsweek que la iniciativa representa “un intento significativo para que el gobierno federal tenga un papel más importante en el debate sobre la asequibilidad”, aunque recordó que gran parte de las decisiones relacionadas con el desarrollo urbano aún dependen de los gobiernos estatales y locales.

La especialista señaló que la legislación funciona principalmente como un incentivo para que municipios y estados revisen sus procesos de autorización de obras y promuevan un incremento de la oferta habitacional con respaldo financiero del gobierno federal.