La fiscal federal Cecilia Incardona impulsó hoy la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y apuntó a movimientos millonarios con varios clubes de Primera División y del Ascenso desde la firma “Sur Finanzas”.

En el dictamen, al que accedió LA NACION, la fiscal la fiscal destacó el “movimiento de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol”. Y mencionó a estos clubes:

-Club Atlético San Lorenzo de Almagro

-Racing Club Asociación Civil

-Club Atlético Temperley

-Club Atlético Los Andes

-Club Atlético Excursionistas

-Club Deportivo Morón Asociación Civil

-Club Atlético Defensores de Glew

-Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña.

“Llama poderosamente la atención que, en el caso de las últimas cinco entidades mencionadas, de acuerdo al informe de ARCA, el contribuyente auditado no ha aportado datos sobre el monto de las transferencias efectuadas”, destaca el dictamen al impulsar la denuncia.

Los sabuesos de la DGI habían detectado que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

La fiscal destacó un grupo de contribuyentes no confiables, con operaciones por $72.342.312.476 provenientes de usinas de facturas apócrifas. Entre enero y abril de 2025, Sur Finanzas PSP habría permitido operar a 26 empresas de esta base por $35 mil millones, incumpliendo la Comunicación “A” 8144 del BCRA que prohíbe brindar servicios de cobro a estos sujetos", destacó la fiscal.

Dentro de ese grupo, aparecen los clubes de fútbol.

Tras el impulso de la fiscal, la causa fue sorteada y le tocó al juez Federico Villena, que ahora deberá ordenar las primeras medidas de prueba.

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